Teresa Casal alerta de un "cúmulo de irregularidades" en estos colectivos, que impiden su actividad en las ferias de la ciudad.
La "guerra" del mercadillo ambulante vuelve a estar en plena ebullición. Tras los incidentes del pasado miércoles, en las que un grupo de vendedores de etnia gitana trató de boicotear el sorteo de los puestos de Estribela, la concejala de Promoción Económica, Teresa Casal, denunció ayer el "cúmulo de irregularidades" que presentan las cooperativas que encabeza el principal cabecilla de la "revuelta", Sinaí Giménez. Estas deficiencias han llevado a Casal a reclamar una investigación de la "Inspección de Traballo para que averigüe las condiciones horarias y contractuales en las que los trabajadores de las cooperativas realizan su cometido en las diferentes ferias de Galicia".
Giménez denuncia desde hace meses que el concello no permite la entrada de sus cooperativas en los mercadillos de la ciudad y desde el gobierno local se le responde que "literalmente, no existen esas cooperativas, y no lo digo yo, sino que así lo confirma la propia Xunta", responsable del registro de estos colectivos, asegura Casal.
"Estricta legalidad"
La edil recalca que "su departamento actuó dentro de la más estricta legalidad, y no nos quedó más remedio, a pesar de los muchos intentos por regularizar la situación de los afectados, que dejar fuera a las agrupaciones de vendedores que quisieron hacerse pasar por cooperativas legalmente establecidas".
Casal añade que "estas agrupaciones no tienen carácter de cooperativa porque sus estatutos no están visados por la Dirección Xeral de Relacións Laborais y no están inscritos en el Registro de Cooperativas de la Xunta. Por lo tanto, carecen de personalidad jurídica, lo que les impide plantear solicitudes, como tales, ante ninguna administración".
Entre el "cúmulo de irregularidades" que denuncia el concello destaca la "estructura de estas agrupaciones, constituidas por tres socios cooperativistas (el mínimo legal), y con el capital social mínimo (3.000 euros). la ley admite un número de asalariados que no puede excede del 33% de los cooperativistas, lo que significa que con tres socios tan sólo puede haber un trabajador. Pues bien -añade Casal- todas ellas presentan diez asalariados, contratados tan sólo por una hora diaria. Además, todas tienen como domicilio social un piso de Monte Porreiro en el que nadie recoge las notificaciones oficiales, que acaban siempre devueltas por Correos".
La información que facilita la edil de Promoción Económica califica estas cooperativas de "conglomerado que tiene siempre detrás a la misma persona" de ahí que inste la investigación de la Inspección de Traballo.
La "legalización" de estas cooperativas se inició hace casi un año, en enero de 2006, pero "siempre fueron rechazadas las solicitudes por numerosas irregularidades".
"El pasado mes de noviembre, ante las peticiones de una comisión de portavoces de todos los grupos étnicos presentes en la feria de Estribela, se concedió una prórroga de 15 días para que los trabajadores de estas pseudocooperativas tuvieran la oportunidad de darse de alta como autónomos y evitar así las complicaciones legales" que derivaron en los incidentes del miércoles.
Sin embargo, "volvieron a presentar siete nuevas sociedades no registradas y con los mismos defectos que antes", lo que motivó su exclusión del sorteo.
Faro de Vigo - Pontevedra - 22/12/2006
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